jueves, 25 de junio de 2009

Caso Verónica Díaz

Más de cuatro años sin justicia

La causa de la joven que murió víctima de del Yectafer adulterado está en manos de la Justicia Federal y forma parte de 63 expedientes en los que se investiga la mafia de los medicamentos. La familia sigue luchando por poner un manto de luz a la muerte de su hija.

///// Por Lorena Suárez /////

La sociedad y los medios tendemos a dejar atrás, tanto en la cobertura mediática como en la vida misma, los casos de asesinatos tras un tiempo determinado. A pesar de que los hechos no se resuelvan, con el paso del tiempo, dejan de ser noticia. Entonces queda únicamente la lucha de la familia, que a pesar de ese olvido y abandono colectivo no baja los brazos en busca de justicia, para que esto no vuelva a pasar, defendiendo sus derechos y los nuestros.

Pasaron cuatro años y medio desde la muerte de Verónica Díaz, víctima de un envenenamiento y una presunta mala praxis, del tráfico de medicamentos y del negocio de la salud.

Desde entonces la familia espera día a día el llamado de su abogado que le informe la fecha del juicio oral que podría condenar a las personas que asesinaron a su hija.
Como una forma de romper con esta costumbre tan argentina de olvido y abandono, le proponemos hacer un recorrido por una causa aún no esclarecida. Un caso paradigmático en la salud rionegrina: el caso Verónica Díaz.

Los hechos
Verónica Díaz falleció el 23 de diciembre de 2004, tras cinco días de agonía. Había recibido una inyección de hierro cuyo nombre comercial era Yectafer, en el hospital Artémides Zatti de Viedma. El medicamento le había sido recetado luego de detectársele una anemia. Días después moría en el hospital Eva Perón, en la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Luego de las investigaciones y pruebas de laboratorio se descubrió que las dosis de hierro eran adulteradas por lo que Santiago Gavazza, propietario de la droguería que vendió el medicamento al hospital Artémides Zatti, y el director del centro de salud, José Pacayut, quedaron procesados por la compra del Yectafer que provocó la muerte de la joven. Sin embargo y a pesar de tener muchas pruebas, la Justicia Federal no oficializó todavía el inicio del juicio oral.

Entre la esperanza y la desesperanza, Nicolás y Graciela Díaz, padres de Verónica, nos contaron la situación de la causa, el abandono de la sociedad, las falencias de la salud pública y su lucha para sentar precedentes.

Respecto de la situación de la causa, Nicolás explicó que “está bien encaminada pero se ha retraído un poco porque se agregaron dos casos nuevos. Teníamos previsto el juicio oral para fines de éste mes, pero no sale por estas causas”.
El padre de la joven fallecida contó que en diciembre pasado el juez federal, Norberto Oyarbide, les manifestó que en junio de este año se concretaría el juicio oral. Sin embargo semanas atrás una nueva noticia daba cuenta que la instancia judicial se postergó tras la aparición de dos nuevas muertes a causa del Yectafer del mismo lote que el aplicado a Verónica.

La familia no inició causa a los profesionales que atendieron a Verónica desde su descompensación, a pesar que, según ellos, hubo una mala atención.

Nicolás Díaz explicó que “nosotros no hicimos ninguna denuncia contra los doctores que la atendieron a Verónica en Viedma, así que contra ellos no hay nada iniciado, a pesar que se quedaron un montón con la atención. Para mí ese fue un error de parte nuestra, porque de todos los médicos que la atendieron a Verónica solamente una doctora fue la que la atendió como corresponde y la derivó a Buenos Aires”.

Actualmente hay dos causas paralelas; por un lado se investiga cómo y porqué fue la compra del director del hospital Zatti, José Pacayut, a Gavazza, y las causas que provocaron la muerte de Verónica Díaz.

Ambos fueron procesados por la Justicia de Río Negro y después absueltos. Desde hace aproximadamente un año la Justicia Federal los procesó nuevamente, con la intervención del juez Norberto Oyarbide

El corto proceso del veneno
Graciela Díaz, madre de Verónica, contó paso a paso el doloroso proceso sufrido por su hija desde la aplicación del Yectafer adulterado hasta su derivación a Buenos Aires, ya con su aparato hepático inutilizado.

“Ella empezó el tratamiento con cuatro ampollas, que venían de otra partida, porque le habían detectado una anemia fuerte. En las últimas aplicaciones ella no quería porque primero nos dieron unas pipetas y al terminarse esas fuimos al hospital a buscar otras, que eran diferentes a las primeras. Verónica se dio cuenta, pero como se sentía cansada por la anemia decidió ponérselas igual”, contó Graciela.

Ese día acompañó a Verónica a la sala periférica del barrio y después se fue al trabajo. Horas más tarde su hija mayor la llamó para decirle que Verónica estaba llorando por que le dolía todo el cuerpo por la inyección que se había colocado y que estaba descompuesta. La joven ya no podía caminar y le dolía mucho el estómago.

“Volví a mi casa –relató Graciela- y la llevamos a la salita; cuando llegamos, los médicos no sabían por qué le había hecho mal la inyección. Para esto ella ya tenía vómitos, yo me di cuenta que no era un vómito normal y les dije que eso había sido por la inyección”.

Los médicos diagnosticaron un ataque al hígado, sin tener en cuenta la aplicación de Yectafer y le inyectaron un corticoide para cortar el efecto de la inyección. Pero Verónica continuaba descompuesta por lo que su familia decidió llevarla al hospital.
Ya en el centro de salud de la calle Rivadavia, a Verónica le pusieron un suero, con medicamentos para la descompostura y durmió toda la tarde.
“No podíamos despertarla –recuerda su madre-, y cuando se despertó me preguntó dónde estaba porque ya había perdido el conocimiento. Ahí me contó todo lo que había sentido con la inyección; me decía que sentía que se le quemaban las tripas, pero que ya se sentía mejor. Entonces le sacaron el suero y la mandaron a la casa, pero a la tarde se sentía mal de nuevo. Al otro día volvimos al hospital, donde tardaron un montón en atenderla hasta que se desmayó con vómitos y pérdida de conocimiento, y recién ahí empezaron a estudiarla por todos lados”.

Graciela continúa son su relato, como si los hechos hubieran sucedido ayer: “Ya veía yo que a mi hijita le pasaba algo grave. Se pusieron a investigarla toda, y a tratar de sacarle sangre porque no le podían extraer de ninguna vena. En eso llega el médico que le había recetado el inyectable en la salita y me dice ‘sabe que señora, con ella ya son nueve chicas que vienen descompuestas por el tema del Yectafer, estamos desconfiando de este medicamento, así que tráigame todas las ampollas que tenga en su casa porque tenemos que hacer algo con esto’. Yo le dije que no, que ellos tendrían dosis para investigar y que esas ampollas no se las iba a entregar. Después de eso nos dijeron que las funciones hepáticas estaban anuladas y que debíamos trasladarla a Buenos Aires para realizarle un transplante, y el resto ya todos lo conocen”.

El negocio de los medicamentos
Desde hace más de 10 años la Justicia Federal lleva investigando unos 550 casos de robo, adulteración o falsificación de medicamentos.
En esta investigación, llevada adelante por el juez Norberto Oyarbide y que cuenta con un expediente de 63 cuerpos, se deduce que la causa Yectafer demuestra con claridad los manejos de la mafia del sector: cada eslabón de la cadena funcionaba por separado. Unos se ocupaban de la fabricación y el envasado del medicamento, otros lo comercializaban a una primera empresa y otros los vendían a distintas droguerías y farmacias.

En la actualidad los medios nacionales hablan de la causa de tráfico de efedrina, pero todos están unidos a la mafia de los medicamentos robados o adulterados que responden a las exigencias del mercado.

Sobre esto Nicolás Díaz contó que “cuando nosotros fuimos a ver al Juez Oyarbide, él nos dijo que se había presentado el abogado de Forza a decir que quería declarar sobre el tráfico de drogas y después nos quedamos helados cuando vimos a los dos o tres días que Forza había sido asesinado”.

En la caso de Verónica Díaz se investigan las causas de la muerte y la compra que José Pacayut le hace a la empresa Gavazza, a pesar de la no autorización por parte de la Provincia, de que ésta suministre medicamentos. Sin embargo, esta es solo una pequeña parte de una investigación en la que se ven involucrados: policías, políticos, falsificadores, traficantes y proveedores.

A pesar de la desesperanza, la lucha
A cuatro años y medio y criando otros cinco hijos, Nicolás duda con el esclarecimiento total del hecho: “Yo tengo mis dudas si en algún momento se pueda esclarecer, pero por ahí pienso que la justicia es lenta pero que puede llegar. Porque ellos tienen todos los elementos, no creo que vayan a querer que esto se diluya. Pero después pasan cosas como que el hombre que fabricaba estos medicamentos en Buenos Aires, que tenía el laboratorio en un cuarto del fondo de su casa, y en las declaraciones su mujer dijo que no sabía nada de este negocio. ¿Cómo no va a saber si estaba en el fondo de la casa? Sin embargo la mujer fue absuelta por falta de mérito, y eso nos desmoraliza”.

Cabe mencionar que la esposa del propietario del laboratorio Interdog, que fabricaba las inyecciones de hierro adulterado "Yectafer", se quitó la vida en un extraño hecho. La mujer había sido imputada en la causa pero luego fue absuelta por falta de mérito. Alicia Panatti se arrojó a las vías del tren el 15 de marzo de 2008.

La postura de Graciela es un poco más pesimista: “A nosotros nos dijeron que en mayo se iba a comenzar con el juicio oral y ahora nos salieron con que se posterga. A fin de año va a ser otro año que mi hija falleció y es como que nos dan expectativas para conformarnos a nosotros, pero no avanza; hace tres años que la causa está estancada. A veces siento que no estoy haciendo nada para esclarecer el caso de Verónica, pero qué vamos a hacer si desde la justicia nos dice que está todo encaminado. Yo me pregunto todos los días si se va a ser justicia por mi hija”.

Vacío Legal
En referencia a los otros ocho casos de aplicación de Yectafer trucho que se registraron en Río Negro, de los cuales ninguno derivó en una muerte, Nicolás explicó que “en estos casos no hay condena; tiene que haber una muerte para que se empiece a investigar, para caratularlo como envenenamiento. Nosotros estuvimos con el ministro de Salud, Ginés García en ese momento, y él nos decía que hay un vacío legal en el tráfico de medicamentos. No condenan las secuelas que quedaron en otras personas por la aplicación del medicamento trucho”.

Los últimos casos se comenzaron a investigar a partir de que la Causa de Verónica Díaz se hizo pública en los medios nacionales, porque hasta ese momento no se sabían los motivos de la muerte.

Los reclamos de las marchas
Durante tres años, la familia y amigos de Verónica, realizaban marchas reclamando por justicia y mejor atención en el hospital, pero el paso de la causa a la Justicia Federal, el poco acompañamiento y en algunos casos el rechazo a las manifestaciones hicieron que las mismas se fueran diluyendo.

En este aspecto, el papá de Verónica cuenta que “nosotros en las marchas reclamábamos mejor atención en el hospital y control de los medicamentos; incluso había gente que nos pedía que los acompañemos al hospital porque no los atendían. Yo no sabía que hacer porque no quería que me digan que estaba lucrando con la muerte de mi hija.

Defendíamos al hospital porque lo necesitamos al igual que toda la población, pero yo sólo no puedo. Luego dejamos de hacer marchas acá porque la causa pasó a la Justicia Federal, pero en su momento también reclamábamos por la atención, porque ellos están lucrando con la salud nuestra, con las derivaciones. Además se nota la diferenciación en la atención y eso no es así, nos tienen que atender a todos por igual, seamos morochos o rubios”.

En relación al acompañamiento de la gente, Graciela contó que “nosotros íbamos a las marchas a pedir que tengamos un sistema de salud digno, pero hicimos durante tres años las marchas y la gente no nos acompañaba. O no entendían el mensaje o pensarían ‘que luchen ellos si total nosotros estamos bien’. La sociedad enseguida te trata como si vos querés lucrar con la pérdida de tu hijo, sin saber que nadie está exento de que le pase algo así y que en realidad nosotros lo que buscamos es que no le vuelva a pasar a nadie, ni de mi familia ni de la familia de otra persona”.

Con lágrimas en los ojos, Graciela contó que “cuando nosotros íbamos por la calle (con las marchas) había señoras grandes que decían ‘ya andan estos jodiendo en la calle’ ¡y nosotros escuchábamos! Yo me quedaba mirándolas y pensaba que esa mujer tenía que ser mamá y sin embargo no le importaba nuestro dolor”.

Nicolás agrega que “en otra oportunidad estábamos haciendo una marcha y pasó un auto que casi nos atropella y el conductor nos miraba mal. Nuestros hijos nos decían indignados lo que decía la gente y nos dijeron, ‘no hagamos más marchas que a la gente le molesta que estemos en la calle’. Pero si a ellos les pasara, les gustaría que todos los acompañen”.

Como cierre de una extensa y dura charla, Nicolás Díaz dice: “Yo lo único que quiero es que se haga justicia, con la impotencia de decir, ‘por qué me pasó a mí’ y después ponerme a pensar y decirme, ‘¿Y por qué no yo?’ y eso nos da la fuerza, porque no somos los únicos que hemos perdido un hijo”.